En los últimos años, el foco sobre el uso de los recursos públicos en Chile ha aumentado de manera significativa. Auditorías más frecuentes, mayor visibilidad de los procesos y un escrutinio creciente sobre la gestión de instituciones públicas han elevado el estándar de exigencia en materia de control y responsabilidad. Sin embargo, el cambio más relevante no es únicamente la intensidad de la fiscalización, sino la lógica bajo la cual esta se está desarrollando.
Hoy, la Contraloría General de la República no solo revisa el cumplimiento formal de la normativa, sino que está impulsando en la práctica un modelo de gestión basado en integridad, trazabilidad y control efectivo. Este enfoque, aunque no siempre se denomine como tal, se acerca cada vez más a los principios que estructuran el compliance en el sector privado.
El rol de la Contraloría en Chile: del control de legalidad a la supervisión de la gestión
Tradicionalmente, la Contraloría ha sido entendida como un órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento normativo y el uso adecuado de los recursos públicos. No obstante, en el escenario actual su rol ha evolucionado hacia una supervisión más profunda de los procesos internos, la toma de decisiones y los mecanismos de control de las instituciones.
La fiscalización ya no se limita a verificar si una norma fue cumplida, sino que incorpora preguntas más estructurales: cómo se gestionan los riesgos, qué controles existen, qué evidencia respalda las decisiones y si los procesos son capaces de prevenir irregularidades antes de que ocurran. Este cambio implica pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, donde la capacidad de anticipación se vuelve central.
Integridad, trazabilidad y control: el estándar que se aproxima al compliance
El enfoque que hoy impulsa la Contraloría incorpora elementos que resultan familiares en cualquier modelo de compliance. La identificación de riesgos, la existencia de protocolos, la documentación de procesos, la trazabilidad de las decisiones y la supervisión efectiva son principios clave en la prevención de conductas indebidas.
En el ámbito privado, estos elementos están recogidos de forma explícita en la Ley N° 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. En particular, el artículo 4° establece que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado es adecuado cuando considera razonablemente aspectos como la identificación de riesgos, la implementación de protocolos, la designación de responsables con independencia y la previsión de evaluaciones periódicas del sistema.
Esto introduce un punto crítico: la responsabilidad de una organización no depende únicamente de la ocurrencia de un delito, sino también de la existencia —y efectividad— de los mecanismos implementados para prevenirlo. Desde esta perspectiva, el estándar que se está consolidando en el sector público no es ajeno al compliance, sino que converge con él.
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Impacto en empresas privadas: el estándar de integridad se vuelve transversal
Aunque este proceso se desarrolla principalmente en el sector público, sus efectos se extienden a las empresas que interactúan con el Estado. Contratistas, proveedores y organizaciones que participan en procesos de licitación se ven cada vez más expuestos a estos estándares de control.
La forma en que estas empresas gestionan sus procesos, documentan sus decisiones y controlan sus riesgos puede ser objeto de revisión indirecta, especialmente en contextos de auditoría. En este escenario, la distinción entre exigencias públicas y privadas comienza a difuminarse, dando lugar a un estándar transversal de integridad.
¿Hacia dónde está evolucionando el modelo de control en Chile?
El fortalecimiento de la fiscalización y los estándares impulsados por la Contraloría reflejan un cambio más profundo en la forma en que se entiende el control institucional en Chile.
La tendencia apunta hacia modelos donde la integridad, la trazabilidad y la prevención dejan de ser elementos accesorios para convertirse en parte estructural de la gestión.
En la práctica, esto acerca progresivamente al sector público a lógicas que durante años estuvieron más presentes en el mundo privado y el compliance corporativo: identificación de riesgos, controles preventivos, documentación de decisiones y supervisión efectiva.
Como señala Álvaro Clarke, Presidente de C&P Assurance Compliance:
“El estándar de control en Chile está evolucionando hacia modelos donde ya no basta con reaccionar frente a los problemas. Hoy se espera que las organizaciones sean capaces de anticipar riesgos, demostrar trazabilidad y sostener sus decisiones frente a terceros.”
Aunque todavía existen brechas relevantes, particularmente en materia de implementación y madurez institucional, el cambio de dirección parece claro: avanzar hacia sistemas más preventivos, más documentados y con mayores exigencias de accountability.
Estándares de integridad en Chile: qué deberían estar haciendo hoy las organizaciones
El fortalecimiento de la fiscalización y el enfoque adoptado por la Contraloría reflejan un cambio estructural en la forma en que se entiende el control organizacional. Ya no basta con cumplir formalmente con la normativa. Hoy se exige demostrar que existen sistemas, procesos y controles capaces de prevenir, detectar y gestionar riesgos de manera efectiva.
En este contexto, las organizaciones deberían estar avanzando en tres líneas clave: revisar sus procesos críticos desde una lógica de riesgo, asegurar la trazabilidad de sus decisiones y fortalecer sus mecanismos de supervisión interna. Esto no solo permite reducir la exposición frente a eventuales contingencias, sino también alinear la gestión con estándares cada vez más exigentes.
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